La falta de exigencia y de voluntad política de las administraciones, han sido reconocidas como causas fundamentales de que unas 40 entidades matanceras incumplan la Ley 38, cuerpo legal contentivo de las erogaciones económicas por el impacto de las innovaciones.
Colectivos de elevada relevancia estratégica pertenecientes a los sindicatos de trabajadores del Transporte y Puerto, Azucarero, Agropecuario, Administración Pública, Alimentaria y Pesca, Salud, Comercio y Turismo, figuran en la relación de principales infractores, una situación que debe revertirse por el bien de los aniristas afectados y de sus propios centros laborales.
